Las elecciones presidenciales del 2012 abrieron una nueva ventana de oportunidad a la reforma de inmigración. Las posiciones hostiles y en ciertos casos antiinmigrantes de los aspirantes republicanos, incluso del propio Mitt Romney, el candidato presidencial del Partido Republicano, acercaron aún más a los hispanos y otras minorías al presidente Obama y a los demócratas, al grado que resultó patente que sin el apoyo de una porción sustancial del voto latino ningún candidato podrá ganar la presidencia de EEUU. Obama recibió en esa elección el 71% de los votos hispanos.
Esa situación dio en el primer semestre del 2013 nueva fuerza al movimiento a favor de la reforma de inmigración, hecho que se reforzó con la convicción de que sería durante el segundo mandato de Obama cuando, finalmente, se comenzaría a abordar la legislación migratoria prometida: una reforma justa e integral.
Tanto en el discurso del estado de la unión de Obama, como en la respuesta a éste por parte del senador Marco Rubio, se mencionó la pertinencia de iniciar un proceso para ajustar el actual marco legal en materia de inmigración, lo que comenzó a calentar el ambiente, que se percibía propicio para permitir la tan ansiada reforma.
A principios de año, comenzaron a aparecer encuestas de opinión en las que importantes mayorías de estadounidenses apoyaron una reforma migratoria que ofrezca una forma de legalización para los indocumentados: 62% en la encuesta de AP y 53% según un estudio de CNN.
No obstante, los grupos y políticos opuestos a la reforma de inmigración, sobre todo un componente importante de legisladores provenientes del Tea Party, también reforzaron sus convicciones y se prepararon para dar la batalla legislativa.
Así, mientras Obama cedía en cierto modo la iniciativa al Congreso, varios senadores comenzaron a trabajar para preparar una propuesta de ley de inmigración, entre ellos los senadores Marco Rubio (R-Florida), John McCain (R-Arizona), Bob Menéndez (D-New Jersey), Chuck Schumer (D-New York) y Lindsay Graham (R-South Carolina). Al grupo se sumaron también los senadores Michael Bennet (D-Colorado), Richard Durbin (D-Illinois) y Jeff Flake (R-Arizona), con lo que se conformó el llamado ‘Grupo de los Ocho’.
Parecía que el trabajo bipartidista del ‘Grupo de los Ocho’ permitiría los consensos necesarios para que la iniciativa de inmigración fuera viable, no solo en el Senado, donde en cierto modo la mayoría demócrata garantizaba la aprobación de la ley, sino en la Cámara de Representantes, cuya mayoría republicana fuertemente influenciada por los ultraconservadores del Tea Party era un fuerte factor de resistencia e incertidumbre.
El eje de la discusión fue la posibilidad de conceder a los indocumentados una vía a la ciudadanía, posibilidad rechazada por importantes grupos republicanos. Con todo, era claro que sin esa posibilidad la reforma de inmigración quedaría incompleta y no lograría sus fines.
Unos días antes, el 10 de abril, se llevó a cabo una serie de marchas proinmigrantes en múltiples ciudades en el país, con foco en Washington DC, donde decenas de miles pidieron una reforma migratoria integral con acceso a la ciudadanía.
La iniciativa del ‘Grupo de los Ocho’ retoma en cierto modo los puntos iniciales propuestos por Obama (seguridad fronteriza; impulso a la inmigración legal para empresarios, estudiantes y reunificación de familias; vía de legalización para indocumentados; y sanción a empleadores que a sabiendas contraten trabajadores indocumentados) pero redondeó esas ideas y añadió otras provisiones.
En primer lugar, prevé el incremento sustancial de la seguridad fronteriza, un incremento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza y condiciona varias de las disposiciones de la ley –sobre todo las opciones de legalización de indocumentados- a que se logre la detención y deportación del 90% de las personas que traten de cruzar la frontera ilegalmente.
La propuesta de ley propone crear un estatus intermedio para los indocumentados con duración de seis años, conocido como RPI, de modo que regularicen su situación, aunque no recibirían de entrada la residencia plena. Los indocumentados deberán presentar una solicitud, pagar una multa de $500 y solo quienes estaban en el país desde antes del 31 de diciembre serán elegibles. Nadie que haya sido condenado de crímenes mayores podrá recibir el estatus RPI.
Las personas con RPI recibirán un permiso de trabajo y podrán renovar su estatus por cuatro años una vez concluidos los seis años iniciales, pagando nuevamente una multa de $500. Tras pasar 10 años con RPI, los inmigrantes podrán solicitar la residencia permanente siempre que se cumplan el resto de los supuestos de la ley, y de allí, al menos cinco años después, podrán optar por la ciudadanía.
Los jóvenes estudiantes (‘Dreamers’) podrán recibir su residencia permanente tras cinco años y podrán solicitar la ciudadanía inmediatamente después de ello. También se propone ampliar las visas para empresarios y profesionales especializados y modificar el actual sistema de lotería de visas por un modelo basado en el mérito de los solicitantes.
Además, la iniciativa propone reforzar la aplicación del programa E-Verify para revisar el estatus migratorio de los trabajadores, que sería obligatorio para todos los empleadores.
La propuesta del ‘Grupo de los Ocho’ fue analizada en audiencias senatoriales durante abril, avanzó en el Comité Judicial del Senado el 21 de mayo y aprobada por el pleno de esa cámara el 27 de junio.
Sin embargo, durante el receso legislativo del verano quedó claro que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, no estaba dispuesta a aprobar la iniciativa del Senado. Importantes figuras republicanas, entre ellas el líder de la mayoría republicana en la Cámara baja, John Boehner, indicaron enfáticamente que la propuesta del ‘Grupo de los Ocho’ no será considerada en su ámbito legislativo a menos de que goce del apoyo de la mayoría de los republicanos.
Fuertes críticas a la posibilidad de que se legalice y se dé una vía a la ciudadanía a los indocumentados, como las del senador Ted Cruz (R-Texas) enrarecieron el ambiente y las crisis del presupuesto, la deuda y Obamacare de septiembre y octubre prácticamente frenaron el tema de la reforma de inmigración. Una nueva marcha de alcance nacional en octubre buscó reunir y reforzar el movimiento pro inmigrante, aunque cierto desaliento por el atorón legislativo era ya evidente. Y aunque una veintena de representantes republicanos se han manifestado a favor de esa propuesta, no se ha podido romper el bloqueo de Boehner y la mayoría más conservadora, que no ha aceptado la presión para poner a votación la propuesta.
En noviembre, el propio Boehner pareció sentenciar la iniciativa del Senado al declarar explícitamente que descartaba que la propuesta fuera considerada en la Cámara de Representantes.
La inminencia de las elecciones primarias en el 2014, que evitará presumiblemente que muchos legisladores republicanos aborden el tema de la reforma migratoria por el temor de desacreditarse ante su electorado conservador y ser desplazados por rivales del Tea Party, más el retorno en enero del debate en torno al presupuesto y el techo de la deuda pondrán más obstáculos a la reforma.
No obstante, el propio Obama ha mencionado recientemente que estaría dispuesto a avanzar de modo parcial en el tema de inmigración, lo que supondría la aprobación de paquetes fragmentarios que no susciten oposición mayor y gocen de consensos, aunque eso sería el final de la idea de una reforma integral basada en el plan del ‘Grupo de los Ocho’. Finalmente, el hecho de que las deportaciones no se han suspendido, y en cambio hayan continuado en números muy considerables, ha erosionado en cierto modo, a ojos de muchos, la imagen de Obama en el tema de la inmigración.
El año 2013, que abrió con grandes esperanzas, se cierra con gran incertidumbre y una cierta desilusión y desgaste entre los simpatizantes de la reforma. Pero también es cierto que, pese al impasse legislativo en la materia, este año supuso momentos inéditos en el tema de la inmigración, sobre todo el decidido apoyo de la mayoría de los estadounidenses a la reforma mostrado en las encuestas y la existencia de una propuesta que, aunque es condicional y un tanto ruda con los indocumentados, ofrece una solución consensuada para reparar el actual roto sistema de inmigración de Estados Unidos.
